14 DE NOVIEMBRE DE 2016

Resulta habitual ver artículos en la prensa que hablan de una década perdida en las Universidades españolas. No cabe duda de que la caída en picado de la financiación como consecuencia de la crisis y la predominancia de valores conservadores o claramente regresivos, que priorizan aspectos y ámbitos por encima de la educación y la generación del conocimiento, han contribuido a consolidar un escenario que tiende a la desolación y refuerza el desencanto. La estructura y contenidos de los planes de estudios oscilan a bandazos, lo que obliga a mover las ideas de sitio cuando aún no han madurado. Las tasas académicas han subido, las becas se han reducido y las condiciones de acceso se han endurecido, lo que ha supuesto el abandono de una parte del alumnado –obviamente la de origen social económicamente más débil– a abandonar los estudios. Las plantillas de profesorado se han reducido y han envejecido, lo que unido a una invasión burocrática sin sentido disminuye aún más el tiempo que el personal docente e investigador dedica a sus misiones esenciales. Finalmente, una o dos generaciones de investigadores, tras haberse formado, como les correspondía, en centros lejanos, deambulan por el limbo de un futuro incierto, sin que la sociedad pueda beneficiarse de su formación y experiencia.

En este contexto, tal vez más que nunca, se hace necesaria una reflexión sobre el papel de las Universidades en las sociedades actuales, aceleradas y globalizadas, sobre su responsabilidad en la formación de una ciudadanía crítica y comprometida con los valores progresistas, sobre la organización estructural y los procedimientos de gobierno para promover una investigación científica de calidad en todos los ámbitos del saber, no sólo basada en la relevancia de la aplicabilidad de sus resultados en los planos materiales y económicos, sino también en su papel de promoción y consecución del bien común.

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