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Un debate organizado por la ULL plantea que los propios universitarios deben asumir su responsabilidad social

La Cátedra Pedro García Cabrera de la Universidad de La Laguna ha organizado el coloquio “La Universidad a debate”, celebrado hoy, lunes 14 de noviembre en la Facultad de Derecho. Tras una primera parte moderada por el ex-rector de la ULPGC José Regidor, la segunda estuvo coordinado por la ex-rectora de la ULL Marisa Tejedor. En ella se debatió la responsabilidad social de las instituciones de educación superior, y una conclusión compartida por los participantes fue que, para que ésta se produjera, era necesario que los propios componentes de la comunidad universitaria asumieran que tiene un rol de servicio social

Así lo expresó Daniel Alonso Ramírez, catedrático de Física Aplicada de la ULL, quien, ante la duda sobre si la sociedad reconoce suficientemente la labor de las universidades, consideró que sí. Las encuestas sitúan a profesores e investigadores como los profesionales más valorados tras médicos y jueces, y, por otro lado, los centros académicos reciben financiación pública. “La gente confía en nosotros, pero, una vez que se nos ha conferido esa responsabilidad social, ¿qué hacemos? Quizá deberíamos cambiar nuestra conducta: ¿creemos realmente que tenemos ese papel?”

Alicia Fernández, catedrática de Filología Francesa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, consideró que uno de los problemas para conectarse con la sociedad es que la universidad no parece tener mucha relación con los niveles educativos anteriores, que es de donde provendrán sus estudiantes

María José Alonso Fernández, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago de Compostela, cree que, a diferencia de los que sucede en el mundo anglosajón, la sociedad española no valora adecuadamente lo que supone poseer estudios universitarios, en parte porque, en su opinión, no hay un buen proceso de selección de los estudiantes que acceden a los estudios y, además, la población no tiene una noción real de lo que cuestan estos estudios.

Ante la pregunta sobre la pertinencia de los consejos sociales como órganos de engarce con la sociedad, otro de los ponentes, Ginés Salido Ruiz, catedrático de Fisiología de la Universidad de Extremadura, fue muy crítico: “Creo que están vacíos de contenido y hay que reformarlos”. Explicó que cuando se leen sus atribuciones, aparentemente son muy coherentes y útiles, pero a la hora de la verdad, no se les ha sacado provecho, por lo que cree que su figura debería ser reconsiderada, una opinión compartida por varios de los demás participantes.

En opinión de Aurelia Modrego Rico, profesora Titular de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid, las universidades deben plantearse si, de cara a la sociedad, están ofertando al alumnado un valor añadido, un plus formativo que realmente les distinga en el mercado laboral y que no pueda obtenerse en otro nivel formativo. “Tenemos que demostrar nuestro valor a la sociedad con los productos y servicios que le damos”.

Por su parte, Fernando Broncano Rodríguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Carlos III de Madrid, criticó la falta de proactividad de las universidades: “Estamos esperando a que el bando de turno venga a darnos dinero. Y no es eso”. Hablo de iniciativas para crear start-ups en el seno de las instituciones académicas y recordó que en estos procesos las Humanidades también tiene un papel fundamental en la industria cultural.

Ránquines

Otro de los bloques de este debate se centró en la evaluación de las universidades y, en especial, los ránquines que tan en boga están en los últimos tiempos. Entre los ponentes, se suscitó la polémica acerca de qué se debe evaluar y, sobre todo, si es justo aplicar los mismos criterios a todas las instituciones por igual, puesto que existen muchas diferencias entre unas y otras.

Abundando en ese razonamiento, de Aurelia Modrego reflexionó que “los indicadores no son el objetivo”, sino elementos que permiten observar y medir una realidad. “Estamos neurotizados por los ránquines. Ya está bien de estar pendientes del número de publicaciones y de citas”. En su opinión, quien debe evaluar es un grupo de expertos de acreditada experiencia que sea externo a la institución. “Y no me estoy refiriendo a la ANECA”, apostilló.

Para Fernando Broncano, es esencial asumir que el PDI debe ser evaluado; el problema es que para hacerlo se está aplicando “el modelo de las fábricas de coches”. Planteó la posibilidad de que las universidades rindieran cuentas con “indicadores endógenos” a través de contratos programa: documentos en los que se comprometan a alcanzar unos objetivos fijados por las mismas instituciones cuyo grado de cumplimiento sería verificado por la entidad con la que se haya suscrito el acuerdo.

Según Ginés Salido, es fundamental determinar su utilidad como algo más que una mera tabla clasificatoria para compararse con la universidad de al lado. “¿Para qué los queremos si no estamos dispuestos a utilizarlos como herramienta de mejora? Para ello, es importante determinar cuál va a ser la consecuencia política de los resultados obtenidos”.